El suceso, ocurrido en la concurrida vía que conecta Manizales con Pereira, pone de relieve los graves desafíos de seguridad que enfrenta la región y la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales. El crimen ocurrió en la tarde del 10 de octubre en el restaurante Mi Pueblo, donde el magistrado, vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, se encontraba con su familia. Según las versiones iniciales, delincuentes armados ingresaron al establecimiento para cometer un hurto, lo que desató un intercambio de disparos con el esquema de seguridad de otra persona presente en el lugar. En medio del fuego cruzado, Restrepo Valencia fue herido de gravedad y, aunque fue trasladado a un centro asistencial en Manizales, falleció minutos después.

La respuesta institucional fue inmediata.

El Consejo Superior de la Judicatura emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el hecho, destacando el "compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público" del magistrado, y calificó su muerte como una "pérdida irreparable para la Rama Judicial". La entidad hizo un enérgico llamado a las autoridades para esclarecer el crimen con celeridad. Las investigaciones avanzaron rápidamente con la captura de un sospechoso, identificado como Carlos Alberto Gómez, alias "El Gato", a quien se le legalizó la captura. El abogado de la familia, Juan Camilo Puerta, informó que se solicitará la imputación de cargos y medida de aseguramiento. Sin embargo, surgen interrogantes, ya que una de las hipótesis sugiere que el arma de fogueo incautada al capturado "era imposible ocasionarle las heridas de muerte al magistrado", lo que abre la puerta a otras líneas de investigación. El suceso ha sido condenado enérgicamente como un golpe a la institucionalidad y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los operadores de justicia en Colombia.