La discusión contrapone la visión empresarial, que celebra proyectos como Autopistas del Café, con la necesidad de una mayor transparencia y una evaluación integral de sus impactos territoriales y financieros. En un reciente foro regional, la dirigencia gremial expresó un respaldo unánime al modelo, sin embargo, los artículos señalan que esta visión optimista ignora una crisis nacional.

Se destaca que casi una quinta parte de las concesiones 4G en Colombia enfrentan procesos de arbitraje o liquidación debido a “errores de estructuración, la omisión de estudios ambientales y la falta de previsión jurídica”. Un caso emblemático es la vía al Meta, donde el concesionario recauda los peajes mientras el Estado asume los costos de mitigación en los puntos geológicamente más críticos, llevando a la reflexión de que “se privatiza el ingreso pero se socializa el riesgo”. La crítica se extiende a la actitud de algunos empresarios, como el gerente de Pacífico 3, quien se quejó de que a los proyectos viales “les cuelguen” aspectos arqueológicos, sociales y ambientales. Los análisis argumentan que es precisamente la exclusión de estos factores y de la visión comunitaria lo que ha derivado en conflictos territoriales, bloqueos y demandas. Por ello, se cuestiona la falta de exigencia por parte de la dirigencia del Eje Cafetero hacia una mayor transparencia contractual, correcciones estructurales y garantías territoriales, sugiriendo que defender el modelo no puede significar blindarlo frente a la crítica.