Esta visión, sin embargo, es cuestionada por ignorar que la exclusión de estas variables ha generado conflictos con las comunidades y ha derivado en bloqueos y demandas. La crítica principal al modelo se centra en su estructuración financiera y la socialización de los riesgos. Se cita el caso de la vía al Meta, donde el concesionario recauda los peajes mientras el Estado asume los costos de mitigación en puntos críticos, evidenciando un esquema donde “se privatiza el ingreso pero se socializa el riesgo”.

A nivel nacional, la situación es preocupante: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reconoce que errores de estructuración han paralizado múltiples proyectos viales 4G, con casi una quinta parte de las concesiones enfrentando procesos de arbitraje o liquidación.

En este contexto, desde el Eje Cafetero se pide mayor transparencia y una reforma al modelo que corrija sus fallas, en lugar de un respaldo incondicional. Se exige un balance detallado de los resultados de concesiones como Autopistas del Café y la necesidad de reformar los mecanismos de estructuración para evitar la fragmentación territorial y los sobrecostos que afectan tanto al Estado como a los usuarios.