Entre las ONG afectadas se encuentran actores internacionales clave como Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo y Handicap International, cuya labor es fundamental en una zona que enfrenta una crisis humanitaria prolongada.

Esta prohibición no es un hecho aislado; sigue a una decisión de 2024 de vetar a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), a la que Israel acusó de tener empleados implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023. La comunidad internacional ha reaccionado críticamente, y el Patriarcado Latino de Jerusalén también ha expresado su desaprobación. Nicolas Dotta, director general de Médicos del Mundo en España, ha calificado la medida como un factor que empeorará la ya grave situación humanitaria. En medio de estas restricciones, algunas organizaciones como Cáritas Jerusalén han manifestado su intención de continuar con sus operaciones, aunque enfrentan un entorno cada vez más hostil. La consecuencia directa de esta política es el debilitamiento de la red de apoyo para la población civil palestina, que ya sufre por la devastación de la guerra, la falta de infraestructura y la escasez de recursos básicos, como se evidencia en los informes sobre muertes en tiendas de campaña para desplazados.