Su protesta busca presionar al Ministerio de Justicia para obtener la libertad condicional, poniendo de relieve las repercusiones internacionales del conflicto. La protesta de los activistas de Palestine Action demuestra cómo el conflicto palestino-israelí genera acciones políticas y legales lejos de Oriente Medio.

Estos seis miembros, cuya salud se encuentra en peligro, reclaman su libertad condicional, pero el Ministerio de Justicia británico se ha negado a reunirse con ellos. La situación es particularmente tensa debido a que la organización fue prohibida por el Gobierno británico en julio de 2025, lo que endurece la postura de las autoridades frente a sus miembros. Este caso ilustra la creciente criminalización de ciertos grupos de activismo propalestino en Europa.

Mientras los activistas se consideran defensores de los derechos humanos, el gobierno del Reino Unido los ha catalogado como una organización terrorista, creando un enfrentamiento directo.

La huelga de hambre es una medida desesperada para llamar la atención sobre su caso y sobre la política británica hacia el activismo relacionado con Palestina, mostrando que las ramificaciones del conflicto se extienden a las arenas políticas y judiciales de potencias occidentales.