Los activistas exigen su libertad condicional, mientras que el Ministerio de Justicia se niega a reunirse con ellos. Este enfrentamiento pone de manifiesto la creciente criminalización de ciertas formas de activismo propalestino en el Reino Unido. La decisión del gobierno británico de prohibir Palestine Action en julio de 2025 y clasificarlo como grupo terrorista marcó una escalada significativa en la respuesta de las autoridades a los movimientos de acción directa relacionados con el conflicto israelí-palestino. La huelga de hambre es una protesta desesperada de los miembros encarcelados para obtener su libertad condicional. La negativa del Ministerio de Justicia a cualquier tipo de diálogo agrava la situación y la convierte en un pulso de alto riesgo. La posible muerte de los activistas podría generar una considerable reacción pública y atraer la atención internacional sobre las políticas antiterroristas del Reino Unido y su aplicación a grupos de protesta política.

Este suceso subraya la profunda polarización que rodea al conflicto y cómo sus repercusiones se manifiestan en otros países, llevando a situaciones extremas como esta huelga de hambre.