Entre estos derechos se mencionan el de vivir con dignidad, autogobernarse y decidir libremente su futuro político.

Al declarar los asentamientos como ilegales, la comunidad internacional refuerza la visión de que estas acciones socavan las perspectivas de una solución de dos Estados y perpetúan el conflicto. La votación pone de relieve el aislamiento diplomático de Israel y sus aliados en este tema, aunque la falta de un mecanismo de aplicación vinculante en las resoluciones de la Asamblea General limita su efecto inmediato sobre las políticas israelíes en el terreno.