La iniciativa fue aprobada con 164 votos a favor, solo ocho en contra (incluyendo a Estados Unidos, Argentina y Paraguay) y algunas abstenciones.

El texto reafirma que la ocupación israelí de territorios palestinos es ilegal, basándose en una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, y exige su fin inmediato. Además, condena explícitamente las políticas de asentamientos de Israel, señalándolas como una violación del derecho internacional y un obstáculo para que el pueblo palestino ejerza sus derechos. Tras la votación, el representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, agradeció el respaldo y lo calificó como un "reconocimiento claro y contundente a la lucha histórica del pueblo palestino". Desde Gaza, el movimiento Hamás declaró que "únicamente el pueblo palestino tiene el derecho de decidir su destino" y pidió a la comunidad internacional presionar a Israel para que respete la tregua vigente. Esta resolución representa una importante victoria diplomática para la causa palestina, aislando la postura de Israel y sus aliados. Sin embargo, su aprobación contrasta con la persistencia de la violencia en el terreno, ya que el documento mismo cita continuos ataques israelíes en Gaza, lo que subraya el desafío de traducir el apoyo diplomático en cambios tangibles y duraderos para la población.