La principal voz de oposición proviene de la comunidad médica. La Asociación Médica Israelí se ha opuesto frontalmente a la medida, declarando que los médicos del país no participarán en ninguna ejecución, ya sea de manera activa o pasiva. La organización argumenta que la participación en un acto de este tipo viola los principios fundamentales de la ética médica, que se centran en preservar la vida. Un representante de la asociación afirmó que "un médico no debe ser un agente del Estado", resumiendo la postura del gremio de que su deber profesional no puede ser supeditado a las decisiones del sistema judicial o del gobierno, especialmente en un asunto tan definitivo como la pena capital. Aunque el proyecto de ley aún debe superar varias etapas legislativas antes de convertirse en ley, su avance refleja una postura más dura del gobierno en materia de seguridad y justicia penal. Sin embargo, la resistencia de la comunidad médica plantea un obstáculo significativo para su implementación y abre un debate más amplio sobre el papel del Estado, la justicia y la ética en la sociedad israelí.