La Asociación Médica Israelí se ha opuesto "frontalmente" a la propuesta, argumentando que la participación de sus miembros en cualquier ejecución, ya sea de forma "activa o pasiva", viola los principios fundamentales de la profesión médica. La postura de la asociación se resume en su declaración: "Un médico no debe ser un agente del Estado". Este conflicto entre el poder legislativo y la comunidad médica plantea un desafío significativo para la implementación de la ley, en caso de ser aprobada definitivamente. La iniciativa refleja una postura más dura del gobierno en materia de seguridad, pero al mismo tiempo abre una fractura con un sector profesional clave y reaviva el debate sobre los derechos humanos y el rol del Estado en la aplicación de la justicia capital.