La Autoridad Palestina calificó el acto de "crimen de guerra", mientras que Hamás lo describió como un "asesinato a sangre fría". La controversia se ha visto amplificada por el contexto de creciente violencia en la región, con varios países europeos expresando su condena no solo por este suceso, sino también por el aumento general de la violencia de colonos israelíes contra civiles palestinos. La decisión del ejército israelí de abrir una investigación se produce en un momento de máxima presión, en el que se cuestiona el uso de la fuerza por parte de sus efectivos. Este evento pone de relieve la profunda desconfianza entre ambas partes y la facilidad con la que los incidentes violentos pueden escalar, complicando aún más cualquier esfuerzo por alcanzar una solución pacífica y justa al conflicto.