Esta especificación ha provocado una reacción frontal de la comunidad médica del país. La Asociación Médica Israelí se ha opuesto firmemente a que los médicos participen en cualquier ejecución, ya sea de manera activa o pasiva.

La organización ha defendido su postura con un argumento ético fundamental, declarando: “Un médico no debe ser un agente del Estado”. Esta declaración subraya el conflicto entre el deber profesional de preservar la vida y la exigencia del Estado de participar en un acto de ejecución. Aunque el proyecto ya fue aprobado en una primera votación en la Knesset (el parlamento israelí), el debate público se intensifica, poniendo en colisión la política de seguridad del gobierno con los principios éticos de la profesión médica, un dilema que podría generar importantes obstáculos para la implementación de la ley si finalmente es aprobada.