Estas acciones, que han arrasado casas, huertos y jardines, son consideradas por expertos en derecho internacional como una posible violación flagrante del acuerdo.

La continuación de las demoliciones no solo agrava la ya catastrófica situación humanitaria, sino que también socava la confianza necesaria para cualquier avance hacia una paz duradera. Por su parte, el ejército israelí se defiende alegando que sus operaciones cumplen con todas las condiciones estipuladas en el propio acuerdo, una afirmación que genera escepticismo y profundiza la controversia. Esta discrepancia entre las acciones sobre el terreno y las obligaciones del alto el fuego refleja la extrema fragilidad de la tregua. Cada edificio demolido representa no solo una pérdida material para las familias palestinas, sino también un golpe a los esfuerzos diplomáticos y a la esperanza de poner fin al ciclo de violencia.

La situación exige una supervisión internacional rigurosa para verificar el cumplimiento del acuerdo y prevenir una nueva escalada del conflicto.