Según las fuerzas armadas de Israel, todas las demoliciones llevadas a cabo se ajustan a las condiciones establecidas en el pacto, aunque no se especifican cuáles son esas condiciones. La discrepancia en las interpretaciones agrava la ya frágil situación en Gaza, donde la destrucción de infraestructura civil impacta directamente en la capacidad de la población para reconstruir sus vidas. Estas acciones no solo afectan la vivienda, sino también los medios de subsistencia de los habitantes de Gaza, complicando aún más la recuperación de una región devastada por más de dos años de conflicto.