Esta ofensiva legal representa un desafío significativo para el liderazgo israelí y para la posición del país en la escena mundial. La jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos de países no miembros, como Israel, es un punto de fuerte controversia, e Israel ha rechazado consistentemente la autoridad de la corte. Sin embargo, una orden de arresto podría limitar severamente la capacidad de Netanyahu para viajar a los 124 países que son Estados parte del Estatuto de Roma. La acción de la fiscalía turca añade otra capa de presión diplomática y legal, especialmente dadas las tensas relaciones entre Turquía e Israel.

Estas medidas judiciales se suman a la presión política y pública que enfrenta Israel por su conducta en el conflicto de Gaza, y sitúan al primer ministro en una posición defensiva tanto en el ámbito interno como en el internacional, complicando aún más los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución duradera al conflicto.