El caso ha generado una crisis interna de grandes proporciones, exponiendo las profundas divisiones dentro del estamento militar y político de Israel. Tomer-Yerushalmi renunció a su cargo el viernes y reconoció la filtración, un acto que ha puesto el foco no solo en los abusos sistemáticos denunciados por organizaciones de derechos humanos, sino también en la aparente persecución de quienes los exponen. De hecho, la investigación parece centrarse más en la filtración que en los crímenes cometidos por los guardias. La reacción del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien calificó el hecho como un "ataque propagandístico", evidencia la sensibilidad política del asunto. Este escándalo ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas dentro de las FDI y ha puesto de relieve las múltiples denuncias de maltrato a detenidos palestinos, amenazando con dañar la imagen internacional del ejército israelí y generar una mayor polarización interna.