Sin embargo, la respuesta oficial ha sido divergente. Mientras la investigación se ha centrado en la filtración y no en los autores del abuso, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha calificado el asunto como un "ataque propagandístico", minimizando la gravedad de los hechos y enmarcando la revelación como un acto en contra del Estado. Esta postura revela una profunda fractura dentro del estamento israelí, entre quienes buscan exponer los abusos y un liderazgo político que parece más preocupado por el daño a la imagen del país que por la rendición de cuentas. El caso pone de relieve las denuncias recurrentes de organizaciones de derechos humanos sobre el tratamiento de los detenidos palestinos.