Este enfoque sugiere un esfuerzo por parte de las autoridades para castigar la exposición de los hechos en lugar de abordar el crimen subyacente. El caso de Yifat Tomer saca a la luz las profundas tensiones internas dentro del estamento militar y judicial de Israel en lo que respecta a la transparencia y la responsabilidad por presuntos crímenes de guerra. La decisión de procesar a quien permitió la divulgación de la evidencia, en vez de a los perpetradores, plantea serias dudas sobre el compromiso del sistema con la justicia y el Estado de derecho, y sugiere una posible priorización de la protección de la imagen institucional por encima de la persecución de violaciones a los derechos humanos.