Según esta perspectiva, el plan no garantiza la autodeterminación ni la soberanía del pueblo palestino, sino que satisface los intereses israelíes. La investigadora Pamela Urrutia coincide al señalar que la medida “es temporal y no apunta a resolver las causas estructurales del conflicto, como la ocupación del territorio palestino por Israel”. El plan presenta omisiones críticas: no menciona el fin de la ocupación, ignora la situación de Cisjordania y Jerusalén Este, y no contempla la retirada total del ejército israelí de Gaza en su fase inicial, permitiéndole mantener el control sobre más de la mitad del enclave. La abogada palestina-estadounidense Noura Erakat lo califica como “un nuevo tipo de ocupación permanente, peor que la de antes de 2023”. Además, el acuerdo carece de mecanismos de justicia para las víctimas del genocidio y no exige rendición de cuentas, lo que perpetúa un ciclo de impunidad y violencia.