En un comunicado emitido a través de su cuenta de X, el presidente Petro expresó el reconocimiento de Colombia a los mediadores internacionales —Qatar, Turquía, Egipto y Estados Unidos— por lograr el cese al fuego. Celebró que el acuerdo facilitara “tanto el intercambio de prisioneros como la entrada de ayuda humanitaria a la población civil palestina afectada por el genocidio”. Sin embargo, el mandatario fue contundente en su crítica a una de las consecuencias del intercambio. En el mismo mensaje, el jefe de Estado afirmó que el Gobierno “condena la deportación forzada de 154 palestinos liberados en el día de hoy por parte de Israel y hace un llamado urgente a que se respeten y restablezcan plenamente los derechos humanos y las garantías fundamentales de todas las personas afectadas por el conflicto”. Esta postura se alinea con las críticas de analistas que señalan que Israel ya ha comenzado a incumplir los términos del acuerdo, que estipulaban la liberación, no la expulsión, de los detenidos. La reacción de Colombia encapsula la respuesta de varias naciones que, si bien acogen con satisfacción el fin de las hostilidades, mantienen una vigilancia crítica sobre la implementación del acuerdo y el respeto al derecho internacional.