El acuerdo de alto el fuego ha generado fuertes presiones sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu por parte de sus socios de la ultraderecha, quienes exigen una postura más dura contra Hamás. Figuras como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, han criticado el pacto y demandan el desarme completo del grupo islamista como condición para la paz. La controversia sobre el intercambio de cuerpos fue un catalizador para estas presiones. Tras confirmarse que uno de los cadáveres entregados por Hamás no era de un rehén, Ben-Gvir declaró: “Basta de vergüenza. (...) Este terror nazi solo entiende de fuerza, y la única manera de combatirlo es borrarlo de la faz de la tierra”.
El ministro, condenado en 2007 por incitación al racismo, exigió a Netanyahu lanzar un “ultimátum claro” para detener toda la ayuda humanitaria a Gaza si Hamás no devolvía todos los cuerpos.
Por su parte, el analista Joseph Hage afirmó que la liberación de los rehenes vivos le quitó a Hamás su “póliza de seguro de vida”, dejando a Israel con “las manos desatadas”. Según Hage, el gobierno israelí ha sido claro en su postura: “Si Hamás no entrega sus armas, el ejército israelí va a entrar otra vez a la ciudad de Gaza y se las va a quitar por la fuerza”. Esta visión refleja la postura del estamento militar y político de Israel, que considera el desarme de Hamás una condición no negociable para la seguridad a largo plazo y para permitir la reconstrucción del enclave.
En resumenEl gobierno de Netanyahu enfrenta una intensa presión de la ultraderecha israelí, que considera el acuerdo de paz demasiado indulgente con Hamás. Exigen el desarme total del grupo, amenazando con una nueva incursión militar en Gaza, lo que evidencia las profundas divisiones internas en Israel sobre el camino a seguir.