Su objetivo declarado era suministrar “ayuda humanitaria a una población asediada y enfrentada a la hambruna y el genocidio”.

Los activistas denunciaron haber sido “rodeados de forma agresiva” por buques de guerra israelíes y que sus comunicaciones fueron desactivadas remotamente. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Israel justificó la acción argumentando que la flotilla se acercaba a “una zona de combate activa” y violaba “un bloqueo naval legítimo”, calificando la misión como una “provocación”. La intercepción suscitó diversas reacciones internacionales: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una “Alerta para el pueblo de Colombia”, mientras que el gobierno español pidió a la flotilla no ingresar a la zona de exclusión por motivos de seguridad. Sudáfrica, en cambio, solicitó “la protección” de la misión. La tensión se vio agravada por denuncias previas de la flotilla sobre ataques con drones sufridos durante su travesía.