Casi dos años después de los ataques del 7 de octubre de 2023, la situación en la Franja de Gaza es descrita como una catástrofe humanitaria, con acusaciones directas contra Israel por utilizar el hambre como un método de guerra contra la población civil. Esta estrategia contraviene el derecho internacional humanitario, específicamente el artículo 54 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra. Según un análisis detallado, la respuesta militar de Israel a los ataques de Hamás ha resultado en más de 67.000 muertes, de las cuales se estima que el 80% son civiles. La estrategia israelí ha incluido bombardeos sistemáticos que han destruido viviendas, huertas, depósitos de alimentos, hospitales y redes de servicios básicos como agua y electricidad. Además, se ha impuesto un bloqueo que corta las cadenas de suministro y se ha impedido deliberadamente el paso de ayuda humanitaria, reteniendo camiones en los accesos a la Franja.
Esta situación ha provocado una hambruna generalizada con graves consecuencias físicas y psicológicas para la población.
El artículo describe cómo la inanición causa un deterioro progresivo, volviendo a las personas apáticas, susceptibles a enfermedades y obsesionadas con la comida. La crisis se agrava por el asesinato de 1.600 miembros del personal sanitario, lo que ha colapsado la atención médica. El texto sugiere que estas acciones no son aleatorias, sino parte de un plan que podría constituir un “genocidio intencional del pueblo palestino”, forzando un éxodo y una mortandad que el gobierno de Israel celebraría como una “recuperación de territorio”.
En resumenLa crisis en Gaza ha escalado a un punto crítico donde se acusa a Israel de violar el derecho internacional al instrumentalizar el hambre como arma de guerra. La destrucción de infraestructura vital y el bloqueo de la ayuda humanitaria han generado una hambruna severa, llevando a algunos analistas a calificar la situación como un posible genocidio y a exigir una intervención internacional urgente.