Un análisis jurídico de los hechos subraya la necesidad de evaluar las acciones de los beligerantes más allá de simpatías políticas, centrándose en las normas universales que protegen la vida y la dignidad humana incluso en la guerra. Los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que incluyeron terrorismo, toma de rehenes y el asesinato de 1.195 personas (766 de ellas civiles), constituyeron graves violaciones del DIH.

Estos actos se caracterizaron por su aleatoriedad, atacando a individuos inermes para atemorizar a la población y chantajear al gobierno israelí.

Sin embargo, la respuesta de Israel ha sido descrita como "aún más terrorista" y desproporcionada. La estrategia israelí ha consistido en atacar a la población civil de Gaza para presionar a Hamás, utilizando bombardeos contra bienes civiles y asesinatos selectivos.

Estas acciones son consideradas represalias, las cuales están explícitamente prohibidas por el artículo 51 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, ya que castigan a personas inocentes.

El principio de distinción, que obliga a diferenciar entre combatientes y no combatientes, ha sido sistemáticamente ignorado. El uso del hambre como método de guerra y el bloqueo de la ayuda humanitaria son otras violaciones directas del DIH, específicamente de los artículos 54 y 70 del mismo protocolo.

Este marco jurídico ofrece los parámetros para denunciar los excesos y ejercer presión internacional para que los beligerantes acaten las normas humanitarias.