Estos actos incluyen matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida destinadas a su destrucción e impedir nacimientos.

La presidenta de la comisión, Navi Pillay, fue contundente al declarar: “Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”. El documento examina las operaciones militares, documentando bombardeos masivos, el bloqueo de ayuda humanitaria que ha derivado en una "hambruna provocada por el hombre", y la destrucción sistemática de infraestructura. La comisión atribuye la responsabilidad a las "más altas esferas de las autoridades israelíes", incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu y al presidente Isaac Herzog, por incitar públicamente al genocidio.

El gobierno israelí rechaza categóricamente las acusaciones, calificándolas de "mentiras antisemitas". A pesar de la negativa, el informe alimenta una creciente condena internacional y llama a todos los Estados a detener la transferencia de armas a Israel y activar mecanismos judiciales, aunque el respaldo de Estados Unidos a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU presenta un obstáculo político significativo para la acción multilateral.