Las medidas incluyen el cierre total de la zona de donde provenían los atacantes, una acción que los palestinos han denunciado como un “castigo colectivo”. El atentado del 8 de septiembre en Jerusalén provocó una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. Mientras la ofensiva en la Franja de Gaza continúa, las acciones en Cisjordania ocupada se han recrudecido, lo que demuestra la interconexión de los frentes del conflicto. La decisión de imponer un cierre total a una comunidad palestina es una táctica recurrente de las fuerzas de seguridad israelíes, justificada como una medida necesaria para prevenir futuros ataques e investigar el incidente. Sin embargo, para los palestinos y observadores de derechos humanos, estas medidas afectan indiscriminadamente a toda una población, restringiendo su libertad de movimiento y acceso a servicios, lo que equivale a un castigo colectivo, prohibido por el derecho internacional. Yaakov Pinto, una de las víctimas, era un joven de Melilla que estudiaba para ser rabino y se había casado recientemente. Este incidente y la posterior respuesta israelí exacerban el ciclo de violencia, donde cada ataque es seguido por represalias que, a su vez, alimentan el resentimiento y la probabilidad de nuevos enfrentamientos en un territorio ya de por sí volátil.