Una anciana con discapacidad relató la imposibilidad de cumplir la orden por falta de recursos económicos para el transporte y para comprar una tienda de campaña. La orden se emitió junto con la expansión de operaciones militares, incluyendo la destrucción de edificios altos donde se refugiaban miles de familias. Amnistía sostiene que estas acciones demuestran que Israel impone “deliberadamente unas condiciones de vida encaminadas a provocar la destrucción física de una población ya devastada”. La organización acusa a Israel de incumplir las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y de mostrar “señales inequívocas de su intención de continuar con el genocidio”, advirtiendo que los Estados que le proporcionan armas y apoyo diplomático “se arriesgan a ser cómplices”.