Sin embargo, esta estrategia tiene un costo humanitario devastador.

Las autoridades palestinas y organizaciones de derechos humanos denuncian que estos bombardeos constituyen un castigo colectivo y que las estructuras atacadas son principalmente de uso civil, albergando viviendas, oficinas, comercios y medios de comunicación. La destrucción de estas torres no solo causa víctimas civiles, sino que también agrava la crisis de desplazamiento, dejando a miles de familias sin hogar y aniquilando el tejido social y económico de la ciudad. La controversia sobre el estatus de estos edificios —objetivos militares legítimos o bienes civiles protegidos— se encuentra en el centro del debate sobre la legalidad y proporcionalidad de las acciones de Israel bajo el derecho internacional humanitario, generando una fuerte condena por parte de la comunidad internacional.