Cientos de reservistas han declarado públicamente su negativa a seguir participando en lo que consideran una ofensiva ilegal, mientras que las familias de los rehenes intensifican su presión sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu. Un grupo de más de 365 reservistas, que sirvieron desde el inicio del conflicto, anunció en Tel Aviv que no responderán a futuros llamados a filas para la ofensiva en Ciudad de Gaza. El sargento Max Kresch, un médico de combate, expresó el sentir del grupo al calificar la guerra como "ilegal" y un acto de "deber patriótico" el negarse a participar. "Somos los mismos reservistas y soldados que lo dejaron todo el 7 de octubre (…), es precisamente ese sentido del deber el que nos impulsa a negarnos y a alzar la voz", afirmó Kresch.

Los militares disidentes acusan al gobierno de Netanyahu de matar deliberadamente a civiles palestinos, privarlos de alimentos y, con ello, poner en peligro a la comunidad judía a nivel mundial.

Además, sostienen que el primer ministro ha saboteado acuerdos de tregua que podrían haber liberado a los rehenes. Paralelamente, las protestas ciudadanas, lideradas por familiares de los secuestrados, exigen al gobierno un acuerdo de alto el fuego inmediato. Efrat Machikawa, familiar de varios secuestrados, manifestó la urgencia de "terminar esta guerra y acabar con el sufrimiento de ambos lados". El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha instado al gobierno a "iniciar negociaciones y permanecer en la mesa hasta que todos los últimos rehenes regresen a casa", subrayando que "el tiempo se acaba". Esta convergencia de descontento militar y civil refleja una profunda fractura en la sociedad israelí sobre la estrategia y los objetivos del conflicto.