Esta medida intensifica la ya grave crisis humanitaria que enfrenta la población civil atrapada en el enclave.

El anuncio del 29 de agosto marcó el inicio de las “operaciones preliminares” de un asalto que, según el gobierno de Netanyahu, busca desmantelar las estructuras de Hamás en lo que consideran su “último bastión”. La decisión fue acompañada de intensos bombardeos sobre los barrios de Zeitoun y Sabra y el avance de tanques por las afueras de la ciudad. El ministro de Defensa, Israel Katz, prometió abrir las “puertas del infierno” hasta lograr que Hamás se desarme y libere a todos los rehenes.

Sin embargo, organizaciones internacionales han lanzado la alarma sobre las catastróficas consecuencias de esta ofensiva. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) calificó el plan de desalojo como “irrealizable” e “incomprensible”, advirtiendo que cientos de miles de civiles debilitados por la hambruna, las enfermedades y las heridas no tienen a dónde ir. La UNRWA, por su parte, señaló que la operación podría poner en riesgo a “alrededor de un millón de personas” y agravar la hambruna ya confirmada en la zona. La movilización de 60.000 reservistas israelíes sugiere que se prepara una ofensiva prolongada, lo que augura un mayor sufrimiento para una población que ya vive en condiciones desesperadas.