El sistema de acueducto de Ibagué se encuentra en un punto crucial, marcado por la aprobación gubernamental de una fase clave para su modernización y, simultáneamente, por un riguroso escrutinio político sobre la ejecución y transparencia de los proyectos a cargo del IBAL. Por un lado, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) recibió la viabilidad técnica del Ministerio de Vivienda para la fase cinco del segundo acueducto. Este proyecto, con una inversión estimada de 21.500 millones de pesos, es fundamental para mejorar la continuidad del servicio en la comuna Siete, especialmente en el sector de El Salado. El gerente del IBAL, Roberto Santofimio, afirmó: “Ya tenemos un aval que el proyecto está viabilizado por la parte técnica y estamos en las gestiones para conseguir la financiación”. Adicionalmente, se anunció que está lista la consultoría para los estudios y diseños de un nuevo tanque de almacenamiento en la zona de Comfenalco, que beneficiará a la comuna Nueve.
Sin embargo, este optimismo contrasta con la fiscalización del Concejo Municipal.
La concejal Sandra Varón lideró un debate de control político en el que cuestionó el lento avance de estos mismos proyectos. Varón expresó dudas sobre la viabilidad y los criterios de aprobación de la fase cinco y alertó que el contrato para los estudios del tanque de Comfenalco estaba a punto de vencer sin avances visibles. La concejal también manifestó su preocupación sobre la capacidad hídrica del IBAL para soportar nuevos desarrollos urbanísticos como el plan parcial Corinto, que contempla más de 12.000 viviendas.
Debido a estas presuntas irregularidades, anunció que se notificó a los entes de control para que inicien las investigaciones correspondientes.
En resumenLa aprobación de la fase cinco del acueducto complementario representa un avance significativo para la seguridad hídrica de Ibagué, pero la gestión del IBAL enfrenta serios cuestionamientos por parte del Concejo Municipal. La controversia se centra en la lentitud de los proyectos, la falta de transparencia en los contratos y la capacidad real de la empresa para satisfacer la creciente demanda de agua en la ciudad.
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