Paralelamente, el precandidato Marco Emilio Hincapié denunció haber recibido un mensaje intimidatorio de las AGC que lo declaraba “objetivo militar”, calificándolo como un “grave atentado contra la democracia”. Esta situación se suma a las amenazas reportadas por el diputado Felipe Ferro, lo que evidencia un patrón de intimidación contra figuras políticas de diversas corrientes.

En respuesta, la Gobernación activó un plan especial para proteger a 60 aspirantes en las elecciones.

El secretario de Seguridad, Alfredo Bocanegra, confirmó que se solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reevaluar los niveles de riesgo de los amenazados y reforzar sus esquemas. El caso fue abordado en el Consejo de Seguridad Departamental, donde se coordinaron acciones con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para garantizar un proceso electoral seguro.