Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad, afirmó: “A través del diálogo logramos llegar a estos acuerdos. El objetivo de esta reunión y de las que vendrán es avanzar hacia la creación de un Sistema Estratégico de Transporte Público como Ibagué se lo merece”.

Sin embargo, la protesta tuvo un matiz adicional.

Informes de prensa revelaron que algunos de los líderes de la manifestación, como Miguel Caro, acumulaban deudas millonarias con la empresa operadora Logalarza. Según un artículo, Caro y su esposa adeudarían más de 184 millones de pesos, mientras que otro manifestante, Michael Cepeda, tendría una deuda de 71 millones. Estos incumplimientos habrían llevado a la empresa a iniciar procesos de desvinculación de los vehículos. Mientras los transportadores argumentaron que el modelo del SETP es financieramente inviable y los ha llevado a la ruina, la empresa operadora defendió su gestión y señaló los incumplimientos contractuales de los manifestantes.