El llamado del Ministerio Público está dirigido específicamente a las administraciones de Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel y Suárez. La Procuraduría recordó a estos municipios su obligación legal de articular políticas y acciones para la prevención y atención a víctimas de violencia de género, con el fin de erradicar todas sus formas y garantizar el acceso efectivo a la justicia, especialmente para las poblaciones más vulnerables. La entidad de control destacó la importancia de que estos comités reporten sus gestiones y planes de acción en los sistemas nacionales de seguimiento dentro de los plazos establecidos por la ley. Asimismo, la Procuraduría aclaró que su labor es de carácter preventivo y no implica coadministración. Su objetivo es “anticipar riesgos para los derechos humanos y el patrimonio público” y velar por el cumplimiento de las funciones públicas, advirtiendo que posibles omisiones por parte de las autoridades locales podrían afectar gravemente los derechos de la niñez, las mujeres y los adolescentes en estos territorios del Tolima. Este ejercicio preventivo busca asegurar que las entidades territoriales cumplan con su deber de proteger a las poblaciones en riesgo y fortalezcan los mecanismos institucionales para enfrentar esta problemática.