La gobernadora Adriana Magali Matiz expuso la crítica situación durante una audiencia, advirtiendo que la deuda, que asciende a más de $600 mil millones con hospitales públicos y $400 mil millones con clínicas privadas, ha dejado a las instituciones sin liquidez. El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, el más importante de la región, enfrenta dificultades para pagar la nómina de sus especialistas desde mayo y para adquirir insumos y medicamentos esenciales.

“Sin recursos no podemos garantizar la atención en los hospitales del Tolima.

En el departamento esto constituye un factor crítico, sin duda alguna, de un riesgo financiero y operativo para el sistema de salud", sentenció Matiz. El fallo del magistrado José Andrés Rojas establece un plazo máximo de dos meses para que las EPS cumplan con los acuerdos de pago y cancelen las obligaciones no glosadas de los años 2020 a 2024. Además, ordena la creación de una mesa técnica nacional con los ministerios de Salud y Hacienda, la ADRES y la Superintendencia de Salud para verificar los saldos y garantizar el pago inmediato de al menos el 20% de las deudas liquidadas. La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, celebró la decisión como un paso fundamental para proteger la red de atención y garantizar el derecho a la salud de los tolimenses.