La Procuraduría busca establecer si existió responsabilidad disciplinaria por parte de los exfuncionarios en estas deficiencias técnicas y administrativas. El objetivo es esclarecer si sus decisiones afectaron directamente el avance de la construcción, que ha sido objeto de inconformidad ciudadana debido al impacto negativo en la movilidad del norte y centro de Ibagué.

De encontrarse méritos, los implicados podrían enfrentar sanciones que van desde suspensiones hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos.