El bajo desempeño sugiere deficiencias en la administración de sus recursos y una dependencia considerable de las transferencias nacionales, lo que limita su autonomía y capacidad de inversión. Expertos advierten que una calificación en este rango no solo afecta la reputación administrativa de la ciudad, sino que también puede obstaculizar su capacidad para atraer inversiones y acceder a recursos adicionales del gobierno central, comprometiendo el desarrollo de proyectos estratégicos. La administración de la alcaldesa Johana Aranda enfrenta ahora el desafío de implementar medidas correctivas para fortalecer el recaudo, optimizar el gasto y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.