Procuraduría investiga a exfuncionarios de Ibagué por presuntas irregularidades en el puente de la calle 60
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra varios exfuncionarios de la Alcaldía de Ibagué por presuntas fallas en la planeación y ejecución del contrato para la construcción del puente vehicular en la carrera Quinta con calle 60, una obra clave para la movilidad de la ciudad. La investigación se centra en el contrato de obra No. 1312 de 2023 y señala a la exsecretaria de Infraestructura, Sharon Dayana Guzmán González, junto a los exdirectores Técnico y Operativo, Diego Fernando Herrán Triana y Leonel Alfredo Nieto Suárez, y la exasesora Juliett Rojas Millán. Según el órgano de control, durante la fase de planeación se habrían omitido actividades fundamentales, como la adecuación de vías alternas para el desvío del tráfico y la instalación de una red eléctrica provisional. Estas omisiones, según la Procuraduría, llevaron a la “firma de actas adicionales para incluir trabajos no previstos, así como una presunta desfinanciación del proyecto cercana a $1.500 millones, sumada a los retrasos en la obra”.
El Ministerio Público busca determinar si estas deficiencias técnicas y administrativas constituyen una falta disciplinaria que podría acarrear sanciones como suspensiones o inhabilidades para ejercer cargos públicos.
El puente de la calle 60 es un proyecto estratégico para conectar el norte y el centro de Ibagué, y sus demoras han provocado una considerable inconformidad entre ciudadanos, comerciantes y conductores, quienes han sufrido el impacto negativo en la movilidad y la economía de la zona. La investigación de la Procuraduría busca esclarecer las responsabilidades en la gestión de este contrato y sentar un precedente sobre la vigilancia de los recursos públicos en proyectos de infraestructura en la capital del Tolima.
En resumenLa apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría pone el foco en la gestión de un proyecto de infraestructura vital para Ibagué, evidenciando presuntas fallas de planeación que habrían resultado en retrasos y sobrecostos, y que ahora podrían tener consecuencias legales para los exfuncionarios implicados.
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