Controversia por la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima

La gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima ha generado una fuerte controversia, marcada por la suspensión del servicio, investigaciones de los entes de control y un cruce de acusaciones entre las autoridades locales y nacionales. La situación ha puesto en el centro del debate la alimentación de miles de niños y adolescentes en el departamento, incluyendo Ibagué. La polémica se intensificó tras la interrupción del servicio durante seis días, atribuida inicialmente a un desfinanciamiento de 15 mil millones de pesos. Sin embargo, Sebastián Rivera, director de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UAPA), desmintió esta versión, asegurando que el problema no fue la falta de recursos, sino fallas en la gestión y la voluntad política. Según la UAPA, el Gobierno Nacional giró 60 mil millones de pesos, la Gobernación aportó recursos adicionales y los municipios disponían de fondos sin ejecutar. Ante esto, la Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz, defendió la transparencia de sus procesos y abrió su documentación a la Procuraduría y la Contraloría, que iniciaron una indagación previa.

Carlos Portela, secretario general, afirmó: “Tenemos los libros abiertos, los contratos abiertos, los documentos disponibles”.

La administración reconoció que los recursos actuales solo garantizan el servicio hasta octubre y que se necesita financiación adicional.

El debate también fue avivado por el precandidato presidencial Gustavo Bolívar durante su visita a Ibagué, quien criticó duramente la ejecución del programa.

“Se está haciendo negocio con la plata de la comida de los niños. Eso es inaceptable y debe cambiar de raíz”, afirmó Bolívar, convirtiendo el PAE en un punto central de su agenda en la región y reflejando la profunda preocupación ciudadana por un programa vital para la educación y el bienestar infantil.

En resumen

La crisis del PAE en el Tolima evidencia un conflicto entre la disponibilidad de recursos y la capacidad de gestión administrativa. Mientras la Gobernación defiende su transparencia, la UAPA y actores políticos como Gustavo Bolívar señalan fallas de gestión y posible corrupción, dejando en vilo la alimentación de más de 85,000 estudiantes.