Las autoridades del Tolima han intensificado su ofensiva contra las estructuras de las disidencias de las FARC que operan en el departamento, implementando una estrategia que combina el ofrecimiento de millonarias recompensas por sus cabecillas con acciones judiciales contundentes contra sus redes de apoyo. Estas medidas buscan debilitar la presencia de estos grupos en el sur, oriente y centro del territorio. La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció un plan de recompensas que ofrece hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias “Chapolo”, máximo cabecilla del frente Ismael Ruiz. También se fijaron montos de entre 40 y 50 millones por alias “Efrén Villa” y alias “Iván, el enfermero”, del frente Joaquín González, y pagos menores por otros mandos medios.
“Estas recompensas son un mensaje claro: no vamos a permitir que los grupos armados ilegales sigan intimidando a nuestras comunidades”, expresó la mandataria, destacando que en el último año se han realizado más de 200 operaciones contra estas organizaciones. En el frente judicial, la Fiscalía General de la Nación logró una condena de ocho años y nueve meses de prisión contra Cristian Camilo Serna Hurtado por el delito de reclutamiento ilícito. Serna fue capturado en flagrancia en 2024 cuando intentaba trasladar a dos menores de 13 y 17 años desde Chaparral hacia Caquetá para vincularlas a una estructura ilegal. La denuncia de la madre de una de las víctimas fue clave para frustrar el plan. Un juez de conocimiento en Ibagué dictó la sentencia, que la Fiscalía calificó como una medida ejemplarizante para la protección de menores, un delito que, según la entidad, sigue siendo una práctica común de las disidencias para fortalecer sus filas en el sur del Tolima.
En resumenLa estrategia de seguridad en el Tolima contra las disidencias de las FARC se ha fortalecido en dos frentes: el financiero, con millonarias recompensas para desarticular sus cúpulas, y el judicial, con condenas efectivas que atacan directamente sus métodos de reclutamiento. Estas acciones buscan restablecer el control territorial y proteger a las comunidades más vulnerables, especialmente a los menores de edad.