El precandidato presidencial Daniel Quintero interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, por presunta participación indebida en política. La acción legal se originó por un comentario de Bocanegra en la red social X, en el que cuestionaba a Quintero tras la formalización de una acusación de la Fiscalía en su contra por el caso 'Aguas Vivas'. El detonante fue un mensaje en el que el funcionario tolimense sugirió que Quintero contaba con “llaves” para financiar su aspiración y lo calificó de superar a los “bandidos” que el propio exalcalde de Medellín denunciaba. La campaña de Quintero, a través de su jefe de debate, Juan David Duque, reaccionó de inmediato, calificando el pronunciamiento como improcedente y violatorio de la neutralidad que deben mantener los servidores públicos. “Señor secretario de Seguridad del Tolima, usted está participando en política.
He solicitado a la @PGN_COL que investigue su actuación y proceda, si es el caso, con una sanción preventiva”, escribió Duque al radicar la queja disciplinaria. La denuncia busca que el Ministerio Público determine si las expresiones de Bocanegra constituyen una falta grave según el Código Disciplinario Único, que prohíbe a los funcionarios intervenir en debates partidistas.
Por su parte, Alfredo Bocanegra se defendió argumentando que sus opiniones fueron expresadas desde una cuenta personal y no institucional, defendiendo su derecho a pronunciarse como ciudadano.
Sin embargo, el caso ha abierto un debate sobre los límites entre la libertad de expresión de los funcionarios y su obligación de imparcialidad, especialmente en un contexto preelectoral.
La Procuraduría deberá ahora evaluar la queja y decidir si abre una investigación formal contra el secretario.
En resumenEl enfrentamiento entre Daniel Quintero y el secretario de Seguridad del Tolima ha escalado al ámbito disciplinario, poniendo a prueba los límites de la participación política de los funcionarios públicos. La decisión de la Procuraduría sentará un precedente sobre cómo deben actuar los servidores en ejercicio frente a los debates electorales y las figuras políticas nacionales.