Lucha ambiental por Cajamarca logra mesa interinstitucional en Ibagué

La defensa del territorio de Cajamarca contra la minería a gran escala alcanzó un punto clave luego de que líderes ambientales y campesinos del Tolima protestaran en Bogotá, logrando que el Gobierno Nacional se comprometiera a instalar una mesa interinstitucional en Ibagué el próximo 10 de octubre. Esta acción busca garantizar el respeto a la consulta popular de 2017, en la que la comunidad rechazó de forma contundente los proyectos extractivos. La movilización, liderada por la Red de Comités Ambientales del Tolima, se llevó a cabo frente al Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Minería, donde exigieron la caducidad de un contrato de concesión de 9.200 hectáreas aún vigente en la zona del proyecto La Colosa y el archivo de otras ocho solicitudes. Los manifestantes argumentaron que, a pesar del mandato popular, la amenaza minera sigue latente y el compromiso del gobierno de Gustavo Petro de respetar las consultas no se ha materializado. Como respuesta, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, reiteró la postura del gobierno: “Primero es el agua y la vida que la minería”. Por su parte, la viceministra Tatiana Roa, quien recibió a la delegación, calificó el caso de Cajamarca como “emblemático” y se comprometió a avanzar en lo acordado. El principal logro fue la creación de la mesa interinstitucional en Ibagué, que contará con la participación de altos funcionarios de los ministerios de Ambiente, Agricultura e Interior, así como de la ANLA, la Agencia Nacional de Minería y Cortolima, para buscar soluciones estructurales. Adicionalmente, se acordó fortalecer estrategias de protección para la producción de alimentos en ocho municipios del departamento.

En resumen

La presión de los comités ambientales del Tolima fue efectiva para reavivar el debate sobre el futuro de Cajamarca, logrando que el Gobierno Nacional estableciera un espacio de diálogo de alto nivel en Ibagué. La reunión del 10 de octubre será crucial para definir si el mandato de la consulta popular de 2017 se traducirá en acciones jurídicas y políticas concretas para proteger el territorio.