El conflicto se originó por un supuesto déficit de 15 mil millones de pesos que paralizó el servicio, afectando a miles de estudiantes. Sin embargo, el director de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UAPA), Sebastián Rivera, afirmó que el problema no era la falta de recursos, sino fallas en la gestión, señalando que el Gobierno Nacional había girado 60 mil millones de pesos y que los municipios contaban con 6 mil millones sin ejecutar. Esta versión fue rebatida por actores políticos como el diputado Felipe Ferro, quien acusó al Gobierno Nacional de “hacer politiquería con los recursos del PAE” y de incumplir con giros por cerca de 24.000 millones de pesos. El precandidato presidencial Gustavo Bolívar también intervino durante una visita a Ibagué, denunciando que el programa se había convertido en un negocio para contratistas y afirmando que “se está haciendo negocio con la plata de la comida de los niños”. Ante las investigaciones de los entes de control, la Gobernación, a través del secretario general Carlos Portela, defendió la transparencia de sus procesos. Finalmente, se logró un acuerdo en el que la Gobernación aportará 8.000 millones de pesos adicionales y los municipios 1.000 millones para finalizar el 2025. Además, la UApA anunció un aumento del 58 % en los recursos para 2026, pasando de 60.000 a 95.000 millones de pesos, lo que busca ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.