Adicionalmente, se acordó un pilotaje para hacer seguimiento permanente a la cartera y los pagos.

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El sistema de salud del Tolima enfrenta una grave crisis financiera debido a una deuda de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que supera los $1,2 billones, situación que ha llevado a la red hospitalaria pública y privada a buscar una intervención judicial. La Gobernación del Tolima, en una acción conjunta con representantes del sector, interpuso una acción popular para exigir el pago inmediato y garantizar la viabilidad de los servicios médicos en el departamento. La gobernadora Adriana Matiz ha sido la principal vocera de esta problemática, detallando que del total de la deuda, $800.000 millones corresponden a hospitales públicos y más de $400.000 millones a clínicas privadas. El caso más crítico es el del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, cuya cartera adeudada asciende a casi $240.000 millones, comprometiendo su operatividad y la atención de miles de usuarios. “La salud de los tolimenses está en juego, por eso estaremos unidos defendiendo este derecho fundamental”, recalcó la mandataria. La acción judicial, que se tramita en el Tribunal Administrativo, busca no solo el desembolso de los recursos pendientes, sino también establecer un mecanismo que asegure giros oportunos en el futuro. En un avance significativo, la Gobernación logró un acuerdo de pago con la Nueva EPS, una de las principales deudoras. Como resultado, el Hospital Federico Lleras recibió un primer desembolso de $6.000 millones, con la promesa de un giro adicional de $1.300 millones. En total, la gestión aseguró $11.000 millones que beneficiarán también a hospitales de segundo nivel e IPS privadas, ofreciendo un alivio temporal a la asfixia financiera.
Adicionalmente, se acordó un pilotaje para hacer seguimiento permanente a la cartera y los pagos.