Crisis en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Tolima

La financiación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima se ha convertido en un punto crítico de la gestión pública, generando una investigación de la Procuraduría General de la Nación y un agudo enfrentamiento político. La suspensión del servicio en agosto, que afectó a cerca de 77.000 estudiantes, desató la controversia y puso en evidencia presuntas irregularidades administrativas. La Procuraduría inició una indagación previa para determinar responsabilidades en la interrupción del programa, centrando su atención en posibles sobrecostos, ya que el valor por ración en el Tolima ($8.300) supera significativamente el promedio nacional ($6.000). La investigación abarca la gestión del programa entre 2022 y 2025, buscando esclarecer si hubo deficiencias en la planeación y manejo de los recursos. Esta situación escaló al ámbito político, con el diputado Felipe Ferro acusando al Gobierno Nacional de “hacer politiquería con los recursos del PAE” y de incumplir con los giros correspondientes al departamento, afirmación que subraya la tensión entre la administración departamental y la nacional. En medio de la crisis, la gobernadora Adriana Matiz advirtió que los fondos disponibles solo garantizaban la operación hasta la primera semana de octubre, solicitando apoyo urgente para finalizar el calendario escolar. Finalmente, tras intensas gestiones, se logró un acuerdo: la Gobernación aportará $8.000 millones adicionales y los municipios cerca de $1.000 millones para culminar el 2025. Adicionalmente, la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UApA) anunció un histórico aumento del 58 % en el presupuesto para el Tolima en 2026, que pasará a ser de $95.000 millones, una medida que busca dar estabilidad financiera y ampliar la cobertura del programa a futuro.

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En resumen

La crisis del PAE en el Tolima, marcada por la suspensión del servicio, una investigación por sobrecostos y disputas políticas, se resolvió temporalmente con aportes adicionales de la Gobernación y los municipios para finalizar 2025. El Gobierno Nacional garantizó un aumento presupuestal significativo para 2026, buscando asegurar la sostenibilidad del programa.

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