En medio de la crisis, la gobernadora Adriana Matiz advirtió que los recursos solo garantizaban la operación hasta la primera semana de octubre. Como respuesta, se logró un acuerdo para que la Gobernación aporte 8.000 millones de pesos adicionales y los municipios otros 1.000 millones, asegurando el programa hasta finales de 2025. Adicionalmente, la Unidad de Alimentación Escolar (UApA) anunció un aumento presupuestal del 58 % para 2026, alcanzando los 95.000 millones de pesos.

Sin embargo, el ambiente político sigue tenso.

El diputado Felipe Ferro acusó al Gobierno Nacional de usar el PAE con fines de “politiquería”, mientras que la diputada Yully Porras criticó que los aumentos de la Gobernación son insuficientes para cubrir la inflación, calificando el esfuerzo como “débil”. Esta compleja trama de investigaciones, disputas políticas y soluciones financieras de última hora mantiene en vilo la estabilidad de un programa esencial para la niñez tolimense.