El núcleo del conflicto radica en la financiación. Mientras el Gobierno Nacional, a través de la representante Martha Alfonso, sostiene haber aumentado su aporte a más de $60.665 millones y critica la reducción de la cofinanciación departamental, la Gobernación alega un déficit millonario por fondos insuficientes de la nación, advirtiendo que el programa podría suspenderse a partir del primero de octubre. Esta pugna ha sido calificada como un “show mediático” que desvía la atención de la necesidad de investigaciones serias sobre la calidad de los alimentos y la transparencia de los operadores.