Polémica por el PAE en Tolima: Cruce de acusaciones entre Gobernación y Gobierno Nacional

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima se ha convertido en el centro de una intensa disputa política y administrativa entre la Gobernación, con sede en Ibagué, y el Gobierno Nacional. Las acusaciones de corrupción, desfinanciación y mala gestión han puesto en riesgo la alimentación de miles de estudiantes en el departamento. La controversia escaló cuando el presidente Gustavo Petro acusó directamente a la administración departamental de desviar los recursos del programa, afirmando que “se robaron la comida de los jóvenes y niños en los colegios” y advirtiendo que su gobierno no entregará dinero “para que en el Tolima se la roben”. Las denuncias del ejecutivo nacional se basan en supuestos sobrecostos, señalando que el valor de una ración en el Tolima alcanza los $8.379, muy por encima del promedio nacional de $6.000, y en una suspensión del servicio por diez días que afectó a 77.000 estudiantes. En respuesta, la gobernadora Adriana Matiz ha negado categóricamente las acusaciones, asegurando que “nadie se ha robado el PAE en el Tolima” y que los operadores son seleccionados mediante licitaciones públicas transparentes. Matiz ha defendido su gestión con cifras, indicando que se atienden a más de 85.000 niños en 1.564 sedes educativas, y ha retado al presidente a un debate público: “Invítenos allá a debatir con cifras, con los papeles y cifras ciertas”.

El núcleo del conflicto radica en la financiación. Mientras el Gobierno Nacional, a través de la representante Martha Alfonso, sostiene haber aumentado su aporte a más de $60.665 millones y critica la reducción de la cofinanciación departamental, la Gobernación alega un déficit millonario por fondos insuficientes de la nación, advirtiendo que el programa podría suspenderse a partir del primero de octubre. Esta pugna ha sido calificada como un “show mediático” que desvía la atención de la necesidad de investigaciones serias sobre la calidad de los alimentos y la transparencia de los operadores.

En resumen

La disputa por el Programa de Alimentación Escolar en el Tolima evidencia una profunda fractura entre la administración departamental y el Gobierno Nacional. Las acusaciones de corrupción y mala gestión por parte del presidente Petro son rebatidas con firmeza por la gobernadora Matiz, quien defiende la transparencia de su administración. En medio del conflicto político, la principal preocupación es la posible suspensión del servicio, que dejaría sin alimentación a miles de niños y niñas, convirtiendo un programa social vital en un campo de batalla político.