La crisis escaló a un enfrentamiento público entre ambas administraciones.

Por un lado, el presidente Gustavo Petro acusó directamente a la administración departamental de presunta corrupción, afirmando que “se robaron la comida de los jóvenes y niños en los colegios” y advirtiendo que su gobierno no entregará dinero “para que en el Tolima se la roben”. Funcionarios del Ministerio de Educación y de la Unidad de Alimentación Escolar (UApA) respaldaron esta postura, calificando la situación como resultado de una “mala planeación” por parte de la Gobernación, a la que acusan de desfinanciar el programa al reducir su aporte y de manejar sobrecostos, pagando $8.379 por ración frente a un promedio nacional de $6.000.

En contraste, la gobernadora Adriana Matiz rechazó tajantemente las acusaciones, asegurando que “nadie se ha robado el PAE en el Tolima” y explicando que los operadores fueron seleccionados por licitación pública. La Gobernación sostiene que el déficit se debe a que el Gobierno Nacional ha entregado menos fondos de los estipulados por ley, lo que ha dejado al programa con recursos solo hasta finales de septiembre para atender a más de 85.000 beneficiarios. Esta pugna ha tenido consecuencias reales, como la suspensión del servicio por diez días, afectando a cerca de 77.000 estudiantes y generando una alerta de la Contraloría General sobre el riesgo de desfinanciamiento.