Una disputa financiera y administrativa entre la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Educación ha generado una crisis en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), afectando a más de 77.000 estudiantes en el departamento. La controversia se centra en la responsabilidad por el desfinanciamiento del programa, con acusaciones cruzadas entre ambas administraciones. La Gobernación del Tolima, a través de su secretario de Educación, Andrés Bedoya, responsabilizó al Gobierno Nacional por entregar menos fondos de los estipulados en la Ley 2167 de 2021, lo que generó un déficit que solo permitiría operar el programa hasta el 26 de septiembre con los recursos locales. Sin embargo, el Ministerio de Educación refutó enérgicamente estas afirmaciones. El ministro Daniel Rojas calificó las declaraciones de “injuriosas” y “mentirosas”, atribuyendo la crisis a una “mala planeación” de la administración departamental.
La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) respaldó esta postura, asegurando que los recursos nacionales no solo se cumplieron, sino que aumentaron un 62 % entre 2022 y 2024. El Gobierno Nacional argumenta que la Gobernación desfinanció el programa al reducir su aporte de $15.183 millones en 2024 a solo $1.170 millones en 2025, lo que la obligó a solicitar tardíamente recursos adicionales a la Asamblea. Además, se señaló que la cobertura del PAE en Tolima disminuyó de 85.000 a 77.000 estudiantes, a pesar del aumento de fondos nacionales, y se cuestionó el alto costo por ración ($8.379), superior al promedio nacional de $6.000. El director de la UAPA, Sebastián Rivera, llegó a afirmar que el departamento le debe una “disculpa a la niñez tolimense”. Esta pugna burocrática, advertida también por la Contraloría General, amenaza el derecho fundamental a la nutrición de miles de niños, especialmente en zonas rurales.
En resumenLa crisis del PAE en el Tolima evidencia una grave falla de coordinación y planificación entre los niveles de gobierno, cuyas consecuencias directas recaen sobre la niñez más vulnerable. Más allá de las acusaciones mutuas, es urgente una solución que garantice la continuidad del programa, priorizando el derecho fundamental a la nutrición y educación de miles de estudiantes.