Crisis del PAE en Tolima: Cruce de acusaciones entre Gobernación y Gobierno Nacional

La suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima ha desatado un enfrentamiento público entre la Gobernación y el Gobierno Nacional, dejando a más de 77.000 estudiantes sin sus raciones alimentarias y generando incertidumbre sobre la continuidad del servicio. La controversia escaló cuando la administración departamental, a través del secretario de Educación Andrés Bedoya, atribuyó la interrupción del programa a la falta de recursos adicionales por parte de la Nación, advirtiendo que el servicio podría terminarse definitivamente en septiembre. En respuesta, el ministro de Educación, Daniel Rojas, calificó estas declaraciones de “injuriosas” y “mentirosas”, asegurando que la crisis se debe a una “mala planeación” local. Para sustentar su posición, el Ministerio de Educación y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) presentaron cifras que indican un aumento del 62 % en los recursos para el PAE del Tolima entre 2022 y 2024, alcanzando los $60.000 millones en 2025. Sebastián Rivera, director de la UApA, afirmó que ya se han girado $49.638 millones y que “los recursos están”. El Gobierno Nacional también cuestionó el drástico recorte en el aporte propio de la Gobernación, que pasó de $15.183 millones en 2024 a solo $1.170 millones en 2025, así como el elevado costo por ración que paga el departamento ($8.379 frente al promedio nacional de $6.000), lo que genera un sobrecosto anual de más de $183 millones. Mientras la disputa administrativa continúa, 59.410 estudiantes del componente mayoritario y 10.581 indígenas siguen sin recibir el complemento alimenticio, lo que pone en riesgo no solo su nutrición sino también su permanencia en el sistema educativo.

En resumen

El conflicto entre la Gobernación del Tolima y el Gobierno Nacional evidencia una grave falla de planificación y coordinación que impacta directamente la nutrición y educación de miles de niños. La falta de una solución clara mantiene en vilo la continuidad del PAE, mientras las responsabilidades administrativas y financieras siguen sin resolverse.